La 54ava Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tuvo lugar el pasado 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay. En esta ocasión se mencionó públicamente que el gobierno del Ecuador había ratificado la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69) (“CIDI”), una noticia amarga para los defensores del derecho a la libertad de expresión de la región.
El Ecuador firmó la CIDI el 6 de junio de 2013, nuevamente en el marco de una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Desde entonces, defensores de derechos humanos han insistido al ejecutivo ecuatoriano que ratificar la CIDI implicaría atentar contra varios derechos y libertades tales como el derecho a la libre expresión, pensamiento, religión, cátedra y otros.
En marzo del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador expidió un dictamen[1] donde se estableció que la ratificación de la CIDI requería de aprobación legislativa previa. El 13 de julio de 2021, atendiendo al informe emitido por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, la Asamblea Nacional resolvió “APROBAR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA”[2]. Destacamos que el mencionado informe no realizó un estudio de compatibilidad entre la CIDI y los derechos contenidos en el Pacto de San José o en la Constitución ecuatoriana, omitiendo por completo las protecciones al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
El pasado mayo, ignorando las advertencias hechas al ejecutivo en años anteriores por defensores de derechos humanos, el gobierno de Daniel Noboa anunció que el Ecuador se sumaba a México y Uruguay en ser los únicos estados de la región que han ratificado al CIDI.
Según el concepto dispuesto en la CIDI, intolerancia es “el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias…”
Desde la concepción de las Convenciones Mordaza varios estados han advertido que el contenido de la CIDI es contrario a la protección de varios otros derechos, motivo por el cual no ratificarán este convenio internacional. Cabe mencionar por ejemplo el comentario de Canadá, que expresó que “no deja de estar preocupada por el hecho de que muchas de las disposiciones del proyecto de convención en su forma actual pueden socavar o ser incompatibles con la protección de tales derechos humanos como la libertad de pensamiento, culto y expresión en el ámbito internacional”[3]. Más recientemente, al estudiar el contenido del tratado, el congreso del Perú concluyó que “de aprobarse las Convenciones en cuestión, se rompería el esquema de protección al ciudadano de sus derechos de opinión y libertad de expresión”[4].
Lamentamos que el Ecuador haya ratificado la CIDI y no haya advertido que las Convenciones Mordaza atentan contra los derechos humanos protegidos tanto por los tratados internacionales de derechos humanos como por su propia Constitución, predecimos que la aplicación de este tratado en su territorio dará muchos problemas al país andino.
[1] Dictamen n.° 006-18-DTI-CC. Caso n.° 0023-17-T. Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia Disponible en: https://acortarlink.cl/vetgx
[2] El Informe de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia emitido por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional en fecha 11 de junio de 2021 y la Resolución II-2021-2023-001 de la Asamblea Nacional de fecha 13 de julio de 2021 se encuentran disponibles en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/tratados-instrumento-internacionales-2021-2025
[3] Misión Permanente de Canadá (2010). “Note by the Permanent Mission of Canada Withdrawing From the Negotiations on the Draft Inter-American Convention against Racism and All Forms of Discrimination and Intolerance. OEA/Ser.G CAJP/GT/RDI/ONF. 21/10”, 1.
[4] Dictamen recaído en los proyectos de Resolución Legislativa N. 002242021-PE y N.02212021-PE. Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú (página 58).